Esta coyuntura que nos atraviesa, que coloca al gobierno de Alberto Fernández con la última bola por jugar, con un match-point a levantar, fue la decisión de gestionar con el espíritu excluyente de consensuar. Esto es indiscutible.
En la Argentina, desde siempre, hay dos modelos de país en pugna: uno, agroexportador, financiarizado, aliado con el capital extranjero, que aporta sus beneficios a una minoría social privilegiada, y otro industrial y productivista, que incluye a la gran mayoría de la sociedad.
El primero representa los intereses de la oligarquía diversificada, cuya máxima expresión es la Asociación Empresaria Argentina (A.E.A, “Aquí están, estos son”) y el segundo representado por el campo nacional y popular, encabezado por el peronismo.
El Frente de Todos no podía ignorar que su proyecto, de contenido nacional y popular, iba a ser confrontado, como históricamente lo ha hecho, por los privilegios del Poder Económico. Privilegios que son inversamente proporcional a los beneficios de los sectores populares. Y que debía estar preparado para dar batallas, preanunciadas desde 2008, en cuatro frentes ya abiertos: el económico propiamente dicho, el político, el mediático y el judicial.
Sin embargo, desde el primer día de su mandato, el gobierno de Alberto Fernández utilizó como método de construcción de la relación con el Poder Económico el dialogo y las buenas costumbres. Esta conducta de gestión se transformó en la mayor carencia del gobierno del Frente de Todos, asumiendo la costumbre de la política argentina, con contadas excepciones: no poner límites a la voracidad de la clase empresarial, autopercibida como “dueña del país”.
Esa búsqueda de lograr consensos con ese sector oligárquico, liberal y reaccionario tenía el fracaso como destino, por su concepción errónea desde el mismo inicio: es imposible consensuar entre dos proyectos de país absolutamente antagónicos.
Pero el Gobierno, transformado en talibán del concensualismo, insistió con esa conducta que lo llevaba a una claudicación tras otra. En todos esos frentes de batallas, el Gobierno cometió errores no forzados, exclusivamente causados por su propia debilidad autoinfligida
EN EL TERRENO ECONOMICO.
La primera claudicación fue ante el Fondo Monetario Internacional. El vandálico préstamo acordado entre Macri y el FMI, llevaba implícito el pedido de entrar a un programa de Facilidades Extendidas, con el cual el Fondo se transformaba en el gendarme de las políticas económicas del Gobierno. Violatorio de su propio Estatuto, dejaba como clara demostración de la irresponsabilidad de Lagarde y su staff de “expertos” las escalofriantes cuotas anuales de casi 20.000 millones de dólares, impagables para la Argentina. El Gobierno, asesorado por su ministro Martin Guzmán, no se atrevió a fortalecer su posición negociadora generando un debate internacional sobre las irresponsabilidades técnicas del Directorio del FMI al otorgar un crédito depredador para el país.
Punto a favor del poder financiero internacional
Mientras, al interior del país, promovido por el ministro Kulkas y la Secretaria de Comercio Interior, bajo su dependencia, se aplicaba una política con el eje en la no declarada Teoría del Derrame. Esto es permitir la concentración de la riqueza confiando en el “altruismo” del capitalismo nativo, pretensión ridícula de lograr con quienes cuya característica genética son actitudes a-sociales. Esta política de facilitar el “dejar hacer” al Poder Económico permitió una remarcación de precios en los bienes y servicios que consumimos los argentinos y argentinas que no pueden justificarse por ninguna relación que pondere los incrementos de los factores de costos que integran cualquier proceso productivo local. Y como ya hemos dicho, si el precio de un bien aumenta porque aumentaron los costos, entonces aumentan por las ganancias empresariales. Si te lo cuentan de otra manera es sarasa. Y eso paso gracias a la inacción del Gobierno.
Punto para los remarcadores de precios que llevaron sus márgenes a niveles antisociales.
En los 30 meses de Gobierno del Frente de Todos, el superávit comercial argentino superó los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, contra toda lógica económica, las reservas del Banco Central en dicho periodo disminuyeron en u$s 7.700 millones. La debilidad en el control y fiscalización sobre las grandes empresas fueron la causa mas importante de esta pérdida de reservas, al permitir que a las 100 empresas que fugaron u$s 55.000 millones durante el macrismo (Elcohetealaluna, 24/5/2020) se le vendieran dólares al precio oficial para saldar “supuestas” deudas en el extranjero, sin obligárselas a utilizar los dólares fugados. Sumado al “festival de importaciones” denunciado por CFK, importaciones que no tienen correlato con el crecimiento de la actividad económica, y que llevaron a Massa, en su asunción, a denunciar a 722 empresas con 13.000 operaciones irregulares de comercio exterior.
Punto para los fugadores de dólares y adoradores de la devaluación.
EN EL TERRENO POLÍTICO
La alianza de PRO-UCR-CC, terminales políticas del Poder Económico, vieron beneficiada su imagen por la deplorable política comunicacional del Gobierno. Esto permitió que el espacio de derecha neoliberal que gobernó el país hasta hace 30 meses (trein-ta-me-ses), disminuyendo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, destruyendo PyMes y empleos, dejando una inflación del 315% en cuatro años, destruyendo los organismos de salud, de ciencia y tecnología y laborales tomando la más escandalosa deuda externa que recuerde la historia, se posicione ante la sociedad como si nunca hubieran gobernado y prediciendo que a su regreso al gobierno van a profundizar las medidas tomadas entre 2015 y 2019. No haber detallado en su momento las condiciones en que se recibía el país se convirtieron en punto para esta facción política. No tengan dudas, el poder Económico agradecido por tratamiento brindado a su fuerza de choque política.
Punto para ellos.
EN EL TERRENO MEDIATICO
Los medios son actores principales en las políticas de desprestigio del Frente de Todos, quedando muchas veces sus alocados heraldos de la república y la libertad de expresión, al borde de la acción destituyente. Tengo para mí una excluyente demostración del temor del Ejecutivo a enfrentar a una de las terminales del Poder Económico: el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 del 29/12/2015. Con este DNU, que solo consideraba la necesidad y urgencia del Grupo Clarín, Macri modifico la ley de Servicios Audiovisuales (o ley de medios como se la conoce popularmente)
Según una definición del abogado Juan M. Soria Acuña, de la que me apropio, un DNU es “un proyecto de ley con vigencia anticipada”. Una vez publicado, un Decreto de Necesidad y Urgencia necesita del rechazo de las dos cámaras del Congreso para perder su vigencia. Es decir que con la aprobación de una sola cámara ya tendría asegurado su vigencia. Vigencia que mantendría precisamente como DNU. Pero, y este es el punto, nunca adquiriría el estatus de Ley. Porque la Constitución Argentina establece claramente que una ley se constituye con la APROBACIÓN DE LAS DOS CÁMARAS LEGISLATIVAS. Con lo cual el DNU 267/15 mantiene su vigencia como DNU, ya que solo fue aprobado por la Cámara de Diputados y no así por la de Senadores.
Y como decía mi tía, un DNU se modifica con otro DNU.
Obvio, no se hizo. Y Clarín lo festeja profundizando sus fake new y mentiras delirantes contra todo lo que huela al peronismo representado por Cristina, persiguiendo así ese oscuro objeto del deseo del Poder Económico, del que forma parte.
El punto es a favor de Magnetto.
EN EL TERRENO JUDICIAL
La toma de posición de un sector gravitante del Poder Judicial, identificándose con el Poder Económico y sus intereses, ya se venía demostrando de antaño, de tal manera que no admitía improvisaciones en el área judicial por parte del Frente de Todos. Las aberraciones jurídicas que cometen los jueces y fiscales como terminales del Poder Económico ponen a la administración de justicia en un colapso terminal. Podemos pasar revistas a decisiones kafkianas de los distintos niveles y fueros del Poder Judicial, incluyendo a la Corte Suprema de cuatro miembros, pero la descripción seria larga y aburrida. El lawfare y las decisiones en lo penal económico (Correo, Vicentin, cautelares sobre importaciones) son pruebas irrefutables que evitan excederse en la narrativa. ¿Cuál debería haber sido la respuesta del Gobierno a estas acciones de un Poder Judicial acorado por su estabilidad ad eternum y que tiene como objetivo la preanunciada probable condena a Cristina? Según la normativa argentina solo se puede avanzar sobre esa estabilidad de los jueces a través del juicio político, en el caso de los Supremos instrumentado por el Congreso, o la destitución por mal desempeño, para los jueces de instancias menores, instrumentado por el Consejo de la Magistratura. Se alegará que no se tienen los votos suficientes en ninguno de los dos organismos para promover estos cometidos. Y es verdad. Pero la pregunta es ¿mas allá de tener los votos o no, cuál de estos jueces cuestionados tiene las espaldas suficientes para aguantar un debate público sobre sus mamarrachescos fallos sin alterar su estado de ánimo? Claro que para eso a las denuncias hay que militarlas públicamente, explicando las causales de la presentación y asegurándose que las barbaridades cometidas lleguen masivamente a la sociedad para lograr la generación de sentido social que haga insostenible la permanencia en el cargo de estos personeros de las clases dominantes. Y que atentan, ellos si, sin ninguna duda, contra los principios republicanos que establecen el equilibrio de tres poderes, uno de los cuales debe administrar justicia sobre la vida y el patrimonio de los habitantes de nuestro país. Pero esa militancia comunicacional tampoco esta entre las fortalezas del Gobierno.
Punto para el prevaricato.
Como advertirán en esta exposición, que no se adjudica la certeza de la verdad, no se describen acciones ausentes de realización porque hayan sido impedidos, o dificultados, por factores ajenos a la propia voluntad política del Frente de Todos, o mejor dicho del Poder Ejecutivo conducido por Alberto Fernández.
Este resumen, que podría ampliarse con decenas de otros ejemplos, solo busca resaltar las claudicaciones de una fuerza política que a escasos meses de un año electoral como es el 2023, y siguiendo la metáfora tenística utilizada, ha puesto a Sergio Massa en el saque con la esperanza de que pueda levantar un match-point provocado por sus propios errores.
Para lograrlo el flamante ministro de Economía deberá batallar con urgencias no demoradas en el terreno de los precios y las divisas.
Y no tiene opciones: para ello deberá confrontar con un Poder Económico que tiene el control absoluto, tanto de los precios como de los dólares, y que cuenta además, con las herramientas políticas, mediáticas y judiciales para blindar sus privilegios.
Solo así, este peronismo bobo, que hoy propicia con sus conductas el retorno al gobierno de la clase oligárquica, neoliberal y reaccionaria, dará paso al verdadero peronismo, cuyos principios fundamentales son un Estado interviniendo en la economía para redistribuir el ingreso nacional.
Solo así se recuperará las esperanzas, despilfarradas hasta ahora, de un pueblo sufriente, y como dijo la compañera vicepresidenta “…haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron.”
El devenir de los meses configurará el futuro del Frente de Todos, formateado por la máxima sanmartiniana: “Serás lo que debas ser, sino no serás nada”.